Javier Milei endureció la estrategia argentina por las Islas Malvinas con un paquete de medidas que apunta directamente contra las compañías vinculadas a la explotación petrolera británica en el Atlántico Sur. El anuncio incluye sanciones más rápidas, mayores controles sobre inversores y proveedores, fondos para fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego y un proyecto de ley que deberá discutir el Congreso.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo el presidente durante un discurso en el que prometió utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y estratégicas. La reacción británica fue inmediata: Londres ratificó su control sobre el archipiélago y aseguró que defenderá la posición de los isleños.
Sea Lion encendió todas las alarmas: el negocio petrolero que aceleró el anuncio
Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum, de origen israelí, controla el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante.
Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y comenzaron a preparar la infraestructura necesaria para perforar desde 2027. La producción inicial está proyectada para 2028.
Argentina considera que esas operaciones son ilegales porque no fueron autorizadas por el Gobierno nacional. Milei también acusó al Reino Unido de incumplir el llamado de Naciones Unidas a evitar decisiones unilaterales que alteren la situación del territorio mientras persista la disputa de soberanía.
Pese al anuncio argentino, Navitas y Rockhopper afirmaron que sus licencias continúan vigentes bajo la administración de las islas y que las medidas no modificarían, por ahora, el cronograma del proyecto. La primera reacción del mercado, sin embargo, fue negativa: las acciones de Rockhopper llegaron a caer un 6,3% en Londres.
El cerco que podría alcanzar a petroleras, bancos, fondos y proveedores
La medida inmediata más importante quedó plasmada en el Decreto 868/2026. La norma trasladó desde la Secretaría de Energía hacia la Cancillería el control del régimen sancionatorio establecido por la Ley 26.659.
El decreto no crea nuevos delitos, pero acelera los procedimientos contra personas o empresas involucradas directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas sobre la plataforma continental argentina.
Los organismos públicos tendrán cinco días hábiles para informar una posible infracción. La compañía señalada contará con diez días para defenderse y, finalizada esa instancia, la Cancillería dispondrá de otros diez días para resolver.
Las sanciones administrativas existentes contemplan inhabilitaciones para operar en la Argentina durante períodos de entre cinco y veinte años. También pueden comprometer permisos o concesiones que las empresas involucradas ya tengan en el país.
El alcance puede ir mucho más allá de Navitas y Rockhopper. La legislación incluye participaciones societarias, asistencia financiera, servicios técnicos, logística, consultoría y otros apoyos necesarios para ejecutar los proyectos.
Eso deja potencialmente bajo la lupa a:
- Petroleras y empresas de servicios.
- Bancos y entidades financieras.
- Fondos de inversión y accionistas.
- Aseguradoras.
- Consultoras técnicas.
- Operadores logísticos.
- Proveedores de equipamiento.
El golpe sobre el RIGI que puede complicar grandes inversiones
El Decreto 868 también incorpora una declaración jurada para aquellas compañías que pretendan adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI.
Las empresas deberán informar que ni ellas ni sus accionistas directos o indirectos infringieron la legislación argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
La misma exigencia alcanzará a quienes soliciten permisos o concesiones dentro del sector energético. En términos prácticos, una empresa vinculada al proyecto Sea Lion podría encontrar obstáculos para acceder a negocios, beneficios fiscales o inversiones dentro de la Argentina.
Esta herramienta no puede detener físicamente las perforaciones porque el país no administra actualmente las islas. Sí puede aumentar el costo comercial, financiero y reputacional para las compañías que tengan intereses en ambos mercados.
La amenaza de Milei: “Tendrán que elegir”
El presidente planteó una disyuntiva directa para los grupos económicos involucrados: continuar trabajando con autorización británica en el territorio disputado o conservar la posibilidad de operar legalmente en la Argentina.
Según explicó, las empresas deberán elegir entre una actividad considerada ilegal por el Estado argentino y las oportunidades económicas disponibles en el continente.
El Gobierno pretende convertir el acceso al mercado nacional en una herramienta de presión. La eficacia dependerá del nivel de exposición que tengan Navitas, Rockhopper y sus proveedores dentro del país, además de la capacidad argentina para identificar estructuras societarias y servicios prestados mediante intermediarios.
Rockhopper ya había sido declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por veinte años en 2013. Navitas recibió sanciones equivalentes durante 2022. El nuevo mecanismo busca evitar que los expedientes se demoren y extender el control sobre toda la cadena económica.
La Base Naval de Ushuaia y un dato que cambia el relato oficial
Milei anunció que reforzará la Base Naval Integrada de Ushuaia para ampliar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. También prometió inversiones en telecomunicaciones, defensa e infraestructura estratégica.
Sin embargo, la construcción de esa base no comenzó con la actual administración. El proyecto fue iniciado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa.
Las obras registraban un avance físico del 9,13% en diciembre de 2023 y continuaban en ese nivel hasta agosto de 2025. El nuevo anuncio puede representar una reactivación, pero Milei no detalló cuánto dinero irá exclusivamente a la base, cuáles serán las etapas ni cuándo debería estar terminada.
El Decreto 867/2026 modificó el presupuesto y otorgó partidas adicionales a diferentes áreas de Defensa. Las reasignaciones para el Ministerio, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto rondan los $217.954 millones, aunque los anexos no permiten afirmar que toda esa suma será destinada a Ushuaia.
La ley que Milei llevará al Congreso y el poder que quedó bajo discusión
La segunda etapa de la ofensiva todavía no está vigente. Milei anunció el envío de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que deberá ser debatida por diputados y senadores.
El proyecto buscará endurecer las sanciones de la Ley 26.659, alcanzar expresamente a proveedores y restringir la posibilidad de que los infractores contraten tanto con el sector público como con actores privados dentro del país.
Además, el Ejecutivo propone crear un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas como Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia. Ese organismo podría coordinar respuestas ante amenazas estatales y no estatales.
Este punto concentra buena parte de las dudas opositoras. El alcance real de sus facultades, los mecanismos de control y su compatibilidad con las atribuciones del Congreso solamente podrán evaluarse cuando se conozca el texto completo.
Reino Unido respondió sin ceder un centímetro
El gobierno británico rechazó el planteo argentino y ratificó que su compromiso con las islas es “absoluto e inamovible”. Londres sostuvo que no negociará la soberanía mientras los habitantes del archipiélago quieran continuar bajo administración británica.
La Asamblea Legislativa de las islas también respondió que su futuro debe ser decidido por quienes viven allí y rechazó que los isleños sean considerados una población implantada.
El Reino Unido utiliza como argumento el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
Argentina desconoce la validez de esa consulta. Su postura histórica sostiene que no corresponde aplicar el principio de autodeterminación a una población establecida por la potencia que ocupa el territorio disputado. Naciones Unidas reconoce la existencia de una controversia de soberanía y exhorta a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada.
La oposición se dividió: apoyo al reclamo y acusaciones de oportunismo
La reacción política argentina no fue uniforme. La mayoría de los bloques mantiene el respaldo al reclamo de soberanía, pero cuestiona el momento elegido por Milei, la falta de detalles y las atribuciones que podría recibir el futuro Consejo de Seguridad.
Jorge Taiana aseguró que las medidas llegaron después de tres años de “desmalvinización” y acusó al presidente de intentar “galtierizar” su imagen. Además, recordó que tanto las sanciones como la base de Ushuaia fueron impulsadas durante gobiernos anteriores.
Germán Martínez cuestionó la demora del Ejecutivo en asumir una política más dura, mientras que Myriam Bregman vinculó el anuncio con la estrategia geopolítica de Estados Unidos.
Desde sectores dialoguistas, Maximiliano Ferraro advirtió que la unidad nacional alrededor de Malvinas no puede justificar una concentración de facultades por fuera de la Constitución. Pablo Juliano reclamó reactivar el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas y recuperar el financiamiento específico del FONDEF.
También aparecieron respaldos. Carlos Ruckauf pidió que las medidas sean tratadas como una política de Estado y aprobadas con amplio consenso para impedir la explotación británica de recursos naturales.
El factor Trump: una señal política que todavía no cambió nada
Milei incorporó otro elemento al discurso: las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura estadounidense frente a Malvinas.
El mandatario argentino presentó esa posibilidad como parte de nuevos “vientos de cambio”. Sin embargo, hasta el momento no existe una modificación formal de la política de Estados Unidos ni un reconocimiento norteamericano de la soberanía argentina sobre las islas.
La mención tiene peso político, pero no altera por sí sola el escenario diplomático. Para convertirse en un cambio concreto debería traducirse en una posición oficial estadounidense, algo que todavía no ocurrió.
Qué cambia realmente y cuáles son los límites del anuncio
El paquete de Milei tiene efectos inmediatos, promesas sujetas al Congreso y anuncios que todavía necesitan presupuesto, reglamentación y ejecución.
Desde ahora, la Cancillería puede acelerar investigaciones y sanciones contra compañías vinculadas con la explotación no autorizada. También se endurecen los controles para ingresar al RIGI o conseguir concesiones energéticas.
Pero la Argentina no puede frenar unilateralmente Sea Lion dentro de un territorio administrado por el Reino Unido. Su herramienta más concreta consiste en encarecer el proyecto, aislar comercialmente a sus responsables y disuadir a bancos, inversores y proveedores que también quieran hacer negocios en el país.
La construcción de la base puede fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur si recibe recursos suficientes y finalmente se completa. La nueva ley, mientras tanto, dependerá de una negociación parlamentaria atravesada por el respaldo general al reclamo y las dudas sobre el poder que Milei pretende concentrar.
La ofensiva abrió una nueva etapa en la disputa, pero todavía resta determinar cuánto tiene de giro efectivo, cuánto recupera políticas anteriores y hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno frente a las resistencias británicas.
