La controversia por un presunto certificado de discapacidad a nombre de Romina Uhrig saltó de la televisión a la discusión política. Después de que Luis Majul mostrara el documento en LN+, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó un duro mensaje sobre las pensiones por invalidez y aseguró que “aproximadamente el 60%” serían irregulares.
Son dos cuestiones que requieren comprobaciones distintas. La autenticidad y el uso del certificado atribuido a Uhrig deben verificarse. Tampoco se acreditó que la exdiputada haya cobrado una pensión. Por su parte, el porcentaje que difundió Caputo es una afirmación del funcionario, no un resultado general confirmado de las auditorías.
El documento atribuido a Romina Uhrig que mostró Luis Majul
En LN+, Majul expuso un certificado de discapacidad que, según informó, figura a nombre de la ex Gran Hermano. El documento habría sido emitido en 2018, cuando Walter Festa, entonces pareja de Uhrig, era intendente de Moreno, y tendría vigencia hasta 2028.
La coincidencia entre esas fechas y el vínculo político encendió las sospechas, aunque todavía no existe una investigación judicial que permita determinar que el certificado sea falso. Por otro lado resta establecer quién lo emitió, bajo qué evaluación y si fue utilizado para acceder a algún beneficio.
Hay otra distinción central: tener un Certificado Único de Discapacidad no equivale a cobrar una pensión por invalidez. El debate que abrió Caputo abarca un sistema de prestaciones diferente del documento exhibido en televisión.
“El 60% son truchas”: la acusación de Caputo contra la política
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, escribió Caputo en X. Acusó a dirigentes de haber facilitado certificados “para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”.
El asesor defendió las revisiones impulsadas por el Gobierno y cargó contra el Congreso. Según su mensaje, los legisladores buscan obstaculizar las bajas y “duplicar las pensiones existentes”. No precisó en esa publicación cómo calculó el 60% ni a qué iniciativa legislativa se refería con la supuesta duplicación.
“Las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, sostuvo. Y cerró con una definición todavía más fuerte: “El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.
Qué muestran las auditorías y qué falta demostrar
El Gobierno puso en marcha auditorías sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. En una comunicación oficial de 2025 informó que, de 22.417 casos revisados durante 2024, el 20% cumplía los requisitos.
Así, el caso Uhrig y la cifra de Caputo quedan bajo dos preguntas concretas. En el primero, falta esclarecer la procedencia y eventual uso del certificado. En el segundo, hace falta una auditoría con resultados generales que respalde el porcentaje difundido. Mientras tanto, la disputa enfrenta al Gobierno, que defiende los controles, con sectores que cuestionan las suspensiones y reclaman proteger a quienes necesitan la prestación.
