La causa por el crimen de Fernando Pastorizo sumó un nuevo capítulo legal que vuelve a poner a Nahir Galarza en el centro del debate judicial. Su equipo de abogados defensores presentó formalmente un recurso de revisión extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el objetivo de cuestionar las bases de la sentencia dictada en 2018, la cual fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2024.
La abogada y panelista Alejandra Maglietti analizó la maniobra procesal y explicó que, pese a que el fallo cuenta con el máximo respaldo judicial, el Código Procesal Penal de la provincia habilita esta vía excepcional bajo ciertos causales vinculados a supuestas irregularidades en la investigación original del hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.
El cuestionamiento a la pericia de los teléfonos celulares
El punto neurálgico de la estrategia defensiva consiste en desacreditar las pericias de telecomunicaciones que resultaron decisivas en el juicio oral. Dichos peritajes fueron la prueba central para demostrar la existencia de una relación de pareja estable entre la joven y la víctima, elemento que activó el agravante por el vínculo y determinó la aplicación de la pena de prisión perpetua.
Para intentar voltear esa calificación legal, los letrados impugnaron la idoneidad técnica del perito informático encargado de recolectar y analizar los mensajes y llamados del teléfono celular. Desde la defensa sostienen que el procedimiento inicial presentó fallas graves, buscando invalidar la prueba documental que acreditó el vínculo sentimental y lograr así una reducción sustancial de la pena.
La denuncia por falta de perspectiva de género en la causa
Como segundo eje fundamental de la presentación, el recurso extraordinario argumenta que durante la instrucción del caso y las audiencias orales no se aplicaron los estándares de perspectiva de género exigidos por la normativa vigente. Los abogados alegan que se omitieron aspectos relativos al contexto de la relación que la imputada intentó incorporar a lo largo de sus declaraciones.
Con este planteo ante la máxima instancia entrerriana, la defensa busca que se admita la revisión y se vuelva a evaluar la validez de las pruebas que sostienen la condena máxima. La iniciativa genera una fuerte controversia en el ámbito penal, abriendo interrogantes sobre el futuro procesal de uno de los casos policiales más resonantes del país.
