El escándalo de los vuelos privados que sacude a la Casa Rosada acaba de sumar un capítulo con ribetes policiales que pone contra las cuerdas al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En las últimas horas, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desembarcaron en las instalaciones de la TV Pública por orden directa del juez federal Ariel Lijo.
El objetivo del operativo no fue buscar cámaras ni equipos técnicos, sino llevarse una serie de carpetas y documentos que podrían probar un grave delito de corrupción que vincula directamente los lujos privados del funcionario con los fondos del Estado.
El detonante del allanamiento: la declaración que derrumbó el relato oficial
La llegada de las fuerzas de seguridad al canal estatal no fue un hecho aislado, sino la consecuencia inmediata de una declaración testimonial en Comodoro Py que contradijo la defensa pública de Adorni.
Agustín Issin Hansen, el piloto y broker aeronáutico involucrado en el traslado, declaró durante casi cuatro horas ante la Justicia. Su testimonio fue letal: confirmó que el vuelo privado que trajo a Adorni y a su familia desde Punta del Este fue reservado y pagado íntegramente por el periodista Marcelo Grandío.
Esta declaración echó por tierra la insistente versión del Jefe de Gabinete, quien en reiteradas conferencias de prensa había asegurado que él mismo había costeado sus vacaciones “con dinero familiar” y que no tenía por qué dar explicaciones sobre transacciones privadas.
A la mentira sobre el origen del dinero se le sumaron graves irregularidades contables. El piloto admitió que el pago (aproximadamente 3.000 dólares por ese tramo) se hizo en efectivo y que la factura a nombre de Imhouse (la productora de Grandío) se emitió recién el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que el escándalo estalló en los medios de comunicación.
Qué fue a buscar exactamente la PSA a la TV Pública
Ante la negativa del canal estatal de remitir la documentación solicitada de manera voluntaria, el juez Lijo ordenó el ingreso de la PSA para secuestrar pruebas vitales que podrían configurar el delito de dádivas.
Los agentes se llevaron todos los expedientes, contratos y convenios de coproducción firmados entre la TV Pública y Marcelo Grandío (o su productora). El objetivo es cruzar las fechas y los montos de esos acuerdos comerciales con el Estado.
La hipótesis central de la investigación es directa y escandalosa: la Justicia busca determinar si el pago de los lujosos vuelos privados fue, en realidad, un soborno encubierto o un favor por parte del periodista para garantizar o mantener sus suculentos contratos en la televisión estatal.
El agravante de esta situación es estructural. Los medios públicos, incluida la TV Pública, dependen directamente de la Jefatura de Gabinete que conduce el propio Manuel Adorni, lo que lo ubica de los dos lados del mostrador frente a quien le pagó sus vacaciones en Uruguay.
