La Justicia de Chubut acusa a Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial y presidente del PJ Gustavo Fita, de encabezar una maniobra con falsas promesas de acceso a viviendas sociales. La investigación abarca 594 operaciones realizadas entre abril de 2023 y febrero de 2024 en Comodoro Rivadavia.
Según la acusación fiscal a la que accedió Infobae, a las personas interesadas les pedían $100.000 para ingresar a un supuesto plan del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La promesa de una casa se sostenía con mensajes, documentación y fechas de entrega que se iban postergando. La Fiscalía busca llevar a juicio por jurados a Fita y a otras cuatro mujeres.
Los $100.000 que pagaban por una vivienda que nunca llegaba
El dinero se presentaba como dos gastos: $80.000 para el trámite ante el IPV y $20.000 para una conexión eléctrica. De acuerdo con los investigadores, los pagos terminaban en cuentas bancarias y billeteras virtuales particulares.
La acusación describe grupos de WhatsApp en los que circulaban novedades sobre adjudicaciones y posibles entregas. Cuando las viviendas no aparecían, las respuestas apuntaban a supuestas demoras administrativas. Al menos 179 personas presentaron denuncias formales, mientras que la Fiscalía identificó 594 operaciones atribuidas al grupo.
La multiplicación de esos pagos de $100.000 arroja $59,4 millones. En entrevistas con medios locales, el fiscal Martín Cárcamo también habló de movimientos de dinero mayores en las cuentas analizadas. Esa cifra bancaria corresponde a otro dato de la investigación y no debe confundirse con el monto calculado para las operaciones denunciadas.
La mención a Gustavo Fita y los supuestos contactos políticos
El parentesco de Vanesa Fita con el titular del PJ chubutense puso el caso en el centro de la discusión política. Sin embargo, Gustavo Fita no figura entre las personas acusadas en esta presentación fiscal.
Durante la investigación surgieron menciones a presuntos contactos con el gobierno provincial de entonces. Cárcamo fue categórico al referirse a ese punto: “Se descartó que haya funcionarios involucrados en la maniobra”. Una cosa es que se hayan invocado nombres para generar confianza y otra, que esas personas hayan participado.
Las cinco acusadas y el juicio que todavía debe definirse
Además de Vanesa Fita, la acusación alcanza a María Victoria Curán, Lara Páez, Lucía Miranda y Gisela Mansilla. La Fiscalía atribuye distintos grados de participación a cada una y solicita para Fita una pena de entre seis y ocho años de prisión.
La causa aún tiene pasos pendientes. La defensa debe recibir y responder la acusación, y luego un juez deberá resolver si el expediente está en condiciones de avanzar a juicio por jurados. Allí se discutirá la responsabilidad de cada imputada por una promesa que, según la Fiscalía, convirtió la necesidad de una vivienda en el centro de una estafa masiva.
