La situación judicial de Pablo Duggan sumó un nuevo capítulo luego de que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocara su sobreseimiento y ordenara que la causa continúe con una citación a declaración indagatoria. El expediente se originó tras una denuncia presentada en 2024 por presunta revelación de secretos vinculados al sistema de inteligencia.
Según la imputación, durante una emisión de su programa en C5N, Duggan identificó públicamente con nombre, apellido y fotografía a una persona a la que señaló como exagente de inteligencia. Además, la vinculó con una supuesta filmación ilegal de manifestantes en la zona de Juncal y Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida en agosto de 2022.
Sin embargo, la denuncia planteó que esa acusación sería falsa o, al menos, “seriamente cuestionable”, debido a que la persona mencionada no habría estado siquiera en el país en el momento de los hechos señalados.
A partir de esa exposición pública comenzaron a investigarse posibles delitos de calumnias, injurias y, especialmente, revelación de secretos, por la difusión de la identidad de alguien presuntamente ligado al sistema de inteligencia.
En una primera instancia, el juez de la causa había decidido sobreseer a Duggan. Entre sus argumentos sostuvo que no se había comprobado una afectación concreta al bien jurídico protegido y que debía priorizarse la libertad de prensa y el interés público de la información difundida.
No obstante, el fiscal Eduardo Taiano apeló esa resolución con un planteo central: afirmó que el artículo 222 del Código Penal contempla un delito de “peligro abstracto”. Es decir, que no sería necesario demostrar un daño efectivo a la seguridad del Estado, sino que bastaría con que la conducta prohibida —la revelación de una identidad protegida— represente por sí misma un riesgo jurídico.
Con ese criterio, la Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento y ordenar que la investigación siga avanzando. En términos simples, los jueces entendieron que la causa fue cerrada de manera prematura y que todavía existen aspectos relevantes que deben ser analizados.
Además, el tribunal remarcó que la invocación del interés público y de la libertad de expresión no alcanza para clausurar automáticamente una discusión penal. Antes, señalaron, será necesario determinar si la información difundida estaba debidamente sustentada y si realmente era indispensable revelar el nombre y la imagen de la persona involucrada para informar sobre el hecho.
En medio de la tensión entre el ejercicio periodístico y los límites vinculados al sistema de inteligencia, la Cámara optó, por ahora, por priorizar la continuidad de la investigación.
