Una fuerte denuncia por acoso y hostigamiento laboral sacudió al entorno de Maru Botana luego de que Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) los detalles de una causa judicial que involucra a su marido, Bernardo Solá. El conductor presentó la información al aire y fue contundente al introducir el tema: “Por su marido, con las empleadas de uno de los locales”, anticipando un conflicto que llevaba tiempo en silencio.
Según explicó De Brito, el caso se originó cuando una exempleada del local que la pastelera tiene en la calle Echeverría inició una demanda judicial. “Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, relató el periodista antes de leer fragmentos del expediente. Allí se detalla que la mujer demandó tanto a Botana como a Solá por deudas salariales, pero que la acusación más grave recayó sobre él por acoso y hostigamiento laboral, en el marco del Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47.
El relato judicial incluye situaciones explícitas que habrían afectado a la denunciante y a otras trabajadoras. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó De Brito, dejando en evidencia el impacto que la conducta denunciada habría tenido en la vida cotidiana de la empleada.
Ante la gravedad de la denuncia, las partes avanzaron hacia un acuerdo económico. “Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional”, explicó el conductor, quien además detalló los montos involucrados. Según el expediente, la actora reajustó su demanda a 50 millones de pesos, mientras que “los demandados sin reconocer hechos ni derecho” aceptaron pagar con fines conciliatorios. De Brito precisó que el 9 de diciembre ya se abonaron 22 millones de pesos y que el resto se cancelará en cuotas de 11 mil dólares, cerrando un caso que, pese al acuerdo, generó un fuerte impacto mediático y público.
